El Congreso de la República de Guatemala es uno de los tres poderes gubernamentales de la nación. Está de más indicar la importancia que tiene dentro del desarrollo del país las decisiones que en el pleno se han tomado, se toman y seguirán tomando. Sin embargo, y profunda tristeza, es necesario reconocer que es una institución por demás señalada de actos de corrupción, tráfico de influencias y un medio de compraventa de voluntades que en el balance general ha generado beneficio a un grupo de personas únicamente.
El resultado de las elecciones
En las pasadas elecciones de junio de 2019, los guatemaltecos asistieron a las urnas y luego de ejercer su libertad de voto dieron paso a la distribución de las curules en el congreso. Más allá de la distribución numérica, el mayor desafío que se tiene en este momento es la de verificar si los ahora electos generarán la transformación institucional que tanto anhelan los guatemaltecos en aras de una legislación transparente, correcta y enfocada en el progreso del país.
Malas prácticas
Si bien en la mezcla que se presenta aparecerán figuras nuevas, también sigue siendo lamentable que el sistema siga permitiendo la reelección para personas que parecen han hecho de ese puesto un cargo vitalicio del que no consideran desprenderse. El problema no es la duración que una persona pueda tener en el congreso, lo que hace cuestionable el período de tiempo que una persona permanece en el puesto es la cantidad de señalamientos en su contra, así como la falta de resultados concretos que puedan volver confiables a estas personas al seguir en la posición de tomar decisiones.
Prácticas, como reuniones a puerta cerrada entre el jefe del ejecutivo con jefes de bancada, la toma de decisiones preestablecida y fuera del protocolo auditable por la ciudadanía que ha dejado entrever acuerdos dudosos es parte de los elementos que el nuevo congreso debe velar por erradicar.
Legal pero no ético
En una entrevista realizada en “Razón de Estado”, la diputada electa Lucrecia Hernández acotó el interés de su bancada por impulsar un código de ética parlamentaria que permita cerrar esas malas prácticas. Hernández Mack, indicó que el problema de estas prácticas es que no sean ilegales, pero si pueden atentar a la ética.
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Amenaza a la vista
Ya en su momento, Dionisio Gutiérrez Mayorga, indicaba que si bien las elecciones se pueden convertir en la oportunidad para una fiesta cívica, en Guatemala se levanta la amenaza de consolidar la llamada “captura del estado”. Si bien, aún falta elegir quien será el presidente de la república, ya no hay vuelta atrás ni una segunda oportunidad para lo que al Congreso de la República se refiere. Las cartas están sobre la mesa, los nombres asignados a las curules, solo falta ver que cada quien en realidad llegue a hacer el trabajo que le corresponde y cómo le corresponde para sacar adelante a nuestra nación.
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