Hoy nueve de octubre en Guatemala se cumple una semana de paros, manifestaciones y bloqueos que han sacudido al país. La razón detrás de este movimiento es la demanda de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, quien, según el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, supuestamente lidera un intento de golpe para evitar que él asuma la presidencia en enero.
Lo que comenzó como protestas de los pueblos indígenas y la sociedad civil se ha extendido a estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y grupos de vecinos en todo el país. Todos ellos se han unido en defensa de la democracia y para proteger la voluntad del pueblo expresada en las urnas. A pesar del aumento de presión, Porras ha rechazado presentar su renuncia, y el Ministerio Público asegura que su trabajo continúa sin obstáculos.
Los ciudadanos se han movilizado en defensa de la democracia para oponerse a los intentos de no dejar la victoria electoral del Movimiento Semilla. El partido enfrenta amenazas de cancelación que algunos consideran inconstitucionales. Tanto Arévalo como los líderes del partido temen una intensificación de la persecución por parte de la Fiscalía.
La indignación pública aumentó cuando se secuestraron las actas de las elecciones de agosto, un incidente que duró 20 horas y terminó en un enfrentamiento entre fiscales y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados se opusieron al secuestro de las papeletas con resultados, argumentando que su custodia estaba bajo su responsabilidad por ley.
El fiscal Rafael Curruchiche, quien lidera casos contra periodistas y ex operadores de justicia exiliados, justificó el secuestro como parte de una nueva investigación. Sin embargo, Arévalo lo considera una escalada de «violencia jurídica» con la intención de anular los resultados electorales y destruir el sistema democrático.
Este conflicto en Guatemala subraya la importancia de preservar la democracia y el respeto por la voluntad popular. Es esencial que las partes involucradas busquen soluciones pacíficas y democráticas para resolver sus diferencias y garantizar la estabilidad del país.
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